Presos denuncian que eran obligados a robar

La fiscal penal de La Plata Virginia Bravo investiga si presos alojados en la Unidad 45 de Melchor Romero cometían robos en la Capital Federal obligados por personal de esa dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La denuncia fue presentada a Bravo por el Comité Provincial Contra la Tortura.

Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, a cargo de Ricardo Casal, informó que "resolvió constituir en la Unidad Penitenciaria 45 de Melchor Romero el área de Asuntos Internos Penitenciarios para contribuir en la investigación que lleva adelante la Fiscal Virginia Bravo, a fin de determinar la veracidad de los hechos".

De acuerdo con la versión, los reclusos eran presuntamente obligados a salir de prisión bajo amenazas de personal del SPB, que supuestamente proveía de uniformes de la Policía, armas de fuego y autos, para cometer robos y entregar luego el botín, explicaron fuentes judiciales.

La fiscal se trasladó a la Unidad 45, donde tomó contacto con cuatro internos que habían denunciado la supuesta irregularidad ante el Comité.

Los presos ratificaron ante Bravo que los guardiacárceles los sacaron de la prisión, les entregaron uniformes policiales y autos particulares y, bajo amenazas de atacar a sus familiares, los obligaron a cometer asaltos en la Capital Federal, añadieron las fuentes.

También, se indicó, reconocieron ante la fiscal haber participado de robos de autos de alta gama, que luego eran desguazados en desarmaderos clandestinos del Conurbano, donde los entregaban.

Los reclusos admitieron también haber protagonizado robos a mano armada en domicilios particulares, siempre de acuerdo con la denuncia conocida en esta ciudad.

Trascendió que en la denuncia los internos aseguraron tener fotos de los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) junto a los objetos robados donde ellos aparecen vistiendo el uniforme policial y portando las armas que les entregaban para robar.

También le dijeron a la fiscal que luego de la denuncia que realizaron al Comité Provincial Contra la Tortura los guardias los golpearon en una celda del pabellón 6, por lo que fueron revisados por médicos del Poder Judicial, quienes constataron que no tenían lesiones recientes.

No obstante, en sus declaraciones ante Bravo los internos habrían incurrido en contradicciones sobre la marca de los vehículos que dicen haber robado en sus presuntas salidas de la cárcel y respecto a los montos y objetos sustraídos en los asaltos a mano armada en domicilios particulares, que dicen que fueron obligados a realizar.

La fiscal, en tanto, dispuso la realización de una serie de pericias y medidas probatorias, entre ellas informes a la Policía Federal sobre los presuntos robos, para luego continuar con la investigación.

En tanto, la cartera de Estado que conduce Casal dijo en un comunicado que dispuso constituir en el penal "el área de Asuntos Internos Penitenciarios" para esclarecer el caso.

"Además, se dispuso que el Director General de Seguridad del Servicio Penitenciario, Rubén Mazeo, fije su asiento laboral en la misma unidad", añadió el ministerio.