La Justicia declaró como delitos de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, a ejecuciones y torturas contra integrantes de la agrupación Movimiento Todos por la Patria (MTP) cuando el 23 de enero de 1989 atacaron el cuartel del Ejército en La Tablada.
También se ordenó tomar declaración indagatoria a dos militares por su presunta participación en los asesinatos de dos de los atacantes del MTP.
El fallo del juez Germán Andrés Castellí, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón Nº 1, estableció que las ejecuciones y torturas sufridas por integrantes del MTP en el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada III “General Belgrano” constituyen delitos violatorios de los derechos humanos, por lo que no tienen prescripción, según publicó el Centro de Información Judicial.
Castellí además ordenó indagar a dos militares por su posible vinculación con los homicidios de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, dos de los atacantes que habrían sido capturados con vida y luego ejecutados cuando estaban bajo custodia y el control exclusivo de los militares que recuperaron el cuartel.
Según el juez, “varios de los agentes convocados (por el presidente Raúl Alfonsín para recuperar el cuartel), además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional, lo que incluyó dificultar las investigaciones; todo lo cual, además, constituye un crimen de lesa humanidad”.
“Los hechos descriptos —considera el fallo—, en definitiva, constituyeron un ataque sistemático contra una población civil, pues, conforme lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alcanzó a 29 personas y contó con el poder de llevar adelante, en representación del Estado argentino, y contrariando las directivas del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la planificación y ejecución de las graves violaciones a los derechos humanos, así como de arbitrar los medios tendientes a lograr la impunidad”.
El Estado argentino ya fue condenado por estos hechos por la propia CIDH cuando el actual canciller argentino, Jorge Taiana, era el representante del país ante ese organismo de la OEA, quien se basó en una investigación periodística para llevar adelante el caso contra la Argentina.
Por tal motivo, la Argentina fue conminada a indemnizar a las familias de las víctimas.
