El Gobierno y un grupo de jubilados alcanzaron hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington un acuerdo por una demanda presentada en 1995 contra el Estado Nacional.
El acuerdo llega tras un proceso que duró catorce años, después de la denuncia presentada por un grupo de jubilados argentinos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, al considerar que en la década del 90 sus derechos fueron sucesivamente vulnerados a partir de una serie de políticas previsionales implementadas por los gobiernos de turno.
En el año 2003, se inició este proceso de solución que hoy culmina con el cierre y la satisfacción de las partes y que coincidió con la implementación de políticas previsionales que introdujeron mejoras importantes al sector.
El acto de finalización del acuerdo se realizó en la ciudad de Washington (EE.UU), donde estuvieron presentes abogados y representantes de los peticionantes, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de la Cancillería argentina, la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y ANSES.
Dicho grupo de jubilados reconoce que desde el año 2003 hasta la fecha, hubo un cambio de rumbo, por lo que en el día de la fecha se dio por finalizado el proceso de acuerdo de forma satisfactoria.
Un grupo de jubilados en 1995 presentó ante la CIDH de la OEA una serie de reclamos por la demora en el pago de sentencias judiciales. En el 2001, dicha comisión declaró admisibles estas peticiones. Por primera vez, en el año 2003, se abrió un proceso de diálogo entre el Estado argentino y los peticionantes, para llegar a una solución.
El acuerdo amistoso firmado hoy en Washington entre las partes, es decir, el grupo de jubilados peticionantes y el Estado argentino representado por ANSES, es el resultado de una serie de políticas implementadas en materia previsional que impactaron positivamente en el sector.
La vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria, impulsada por el Gobierno nacional que permite dos aumentos automáticos por año, cada marzo y cada septiembre y que ya permitió un aumento del 20% este año, va en esa línea.
Se suman medidas como el Plan de Inclusión Previsional que incorporó 2,2 millones de nuevos jubilados, la movilidad para Docentes, los 17 aumentos jubilatorios del año 2003 a la fecha, así la creación en diciembre último del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Entre 2003 y 2009, ANSES liquidó 145 mil sentencias por un monto superior a los 6 mil millones de pesos. Hasta el año 2005, cobraban las sentencias totalmente en efectivo sólo los mayores de 80 años. En los años siguientes se fue bajando ese límite de edad. Desde 2009, se eliminaron los bonos y todo se abona en efectivo.
En material de legislación, en 2008 dejó de apelar los fallos de la Justicia que aplican la movilidad dispuesta por la Corte Suprema en el caso Badaro, que ordenó un ajuste de las jubilaciones de acuerdo a la evolución salarial. Además, ya no apela las sentencias que apliquen el 82 ú 85 por ciento móvil en los regímenes especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos.
Asimismo, en el año 2006 se modificó el art. 22 de la ley de Solidaridad Previsional, determinando que las sentencias condenatorias contra la ANSES deberán ser cumplidas dentro del plazo de 120 días hábiles contados a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo.
Por su parte, Bossio firmó este año un convenio sobre cooperación e intercambio electrónico de información con la Corte Suprema de la Nación, para acelerar los trámites de los juicios previsionales por medio de la aplicación de tecnología informática y mejoras en los sistemas de gestión, que ya está en marcha.
