Macri denunció ante la Justicia un complot en contra de su Gobierno

El Gobierno porteño denunció hoy ante la Justicia que la administración nacional de Cristina Kirchner, a través de la Policía Federal y del presunto espía Ciro James, realizó un "operativo" para impedir la puesta en marcha de la Policía Metropolitana, y pidió que se allanen importantes oficinas estatales.

Macri reclamó que se investigue un presunto complot contra su flamante fuerza y que se allanen el Departamento Central de La Policía Federal Argentina y el Ministerio de Justicia para buscar información sobre las actividades de James, quien trabajó el Ministerio de Educación porteño.

Sin apuntar a persona alguna directamente, pidió que se determinen los responsables de "falsedad ideológica de documento público y violación de los deberes de funcionario público e infracción a la ley de inteligencia nacional".

Así, la comuna replicó las denuncias públicas, provenientes del Gobierno nacional, que lo involucraban con las actividades de James, ex agente de inteligencia de la Policía Federal que, mientras estaba en Educación, buscaba ingresar a la Policía Metropolitana a través de su relación con el primer jefe de la fuerza, Jorge "Fino" Palacios, procesado por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA.

La denuncia fue presentada hoy al mediodía por abogados de la Procuración General de la ciudad, que conduce Pablo Tonelli, y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Luis Comparatore.

"Desde el inicio del proceso de implementación y puesta en marcha del diseño operacional de la Policía Metropolitana, sistemáticamente existieron fuertes interferencias por parte del Gobierno Nacional contra el Gobierno de la Ciudad, utilizando principalmente a las autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA) para impedir la puesta en funcionamiento de la nueva fuerza", sostuvo la denuncia.

El Gobierno dijo que Asuntos Internos de la Policía Federal "mandó en distintos horarios a móviles y numerarios de esa dependencia para tratar de identificar a los policías federales que querían pasar a integrar la Policía Metropolitana", denuncia que ya fue hecha verbalmente por las autoridades porteñas.

También dijo que tras reuniones entre los jefes de ambas fuerzas el comisario de la Federal Jorge Oriolo le negó una reunión al titular de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, en esa calidad "por expreso condicionamiento político" y que recién lo recibió cuando la visita fue como comisario mayor retirado.

"Además, desde el Gobierno Nacional se implementó una sistemática política de falta de cooperación en todas las oficinas públicas nacionales que necesariamente debían coordinar su trabajo con la Policía Metropolitana", agregó el texto, como la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, registros Nacional de las Personas, Nacional de Reincidencia, Nacional de la Propiedad Automotor y la Dirección Nacional de Migraciones.

Además, el macrismo alegó que el Gobierno nacional impidió que desde Italia ingrese al país un embarque con pistolas Beretta para los agentes de la Policía Metropolitana y que Fabricaciones Militares puso reparos para vender municiones.

"Todas estas circunstancias llevan a la conclusión de la existencia de un operativo del Gobierno Nacional en perjuicio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para impedir la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana", sostuvo la administración Macri.

"Esta operación se ha patentizado con la investigación de la conducta de Ciro Gerardo James", agregó.

James fue procesado por el juez federal Norberto Oyarbide por su participación en escuchas telefónicas al empresario Carlos Avila y a Sergio Burstein, familiar de una víctima de AMIA.

El Gobierno explicó que James "revistó como auxiliar de 4º de Inteligencia de la Policía Federal hasta el 1° de septiembre de 2009, trabajando paralelamente, y durante más de un año, en el Ministerio de Educación de esta Ciudad", para lo cual ocultó su condición de policía.

La comuna pidió que se allanen la Superintendencia de Investigaciones Federales, la Dirección General de Inteligencia Criminal, Asuntos Internos y cualquier otra dependencia de la Policía Federal vinculada a tareas de inteligencia, y el Ministerio de Justicia de la Nación "con el objeto de secuestrar toda documentación vinculada con Ciro Gerardo James".

También pidió que el ministro de Justicia nacional, Julio Alak, informe la cantidad de empleados de inteligencia que trabajan en el Gobierno porteño y solicitó que Chamorro declare como testigo en la causa.

La denuncia no fue dirigida contra nadie en especial, sino requiere que se inicie una investigación para establecer "las responsabilidades personales que quepan a quienes hayan actuado como instigadores, autores, cómplices o encubridores" de los delitos de falsedad ideológica de documento público y violación de los deberes de funcionario público e infracción a la ley de inteligencia nacional.